A través de un comunicado oficial publicado el 25 de octubre de 2026, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra dos exdirectivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Adriana Velásquez Lasprilla, exsubdirectora general, y María Mónica Martínez Martínez, exdirectora de Primera Infancia. La actuación busca esclarecer posibles anomalías en un proceso contractual adelantado en 2024 para prestar servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia.
Según el organismo de control, la investigación se centra en presuntas irregularidades en las etapas de planeación, estructuración y ejecución del proceso contractual. También se busca verificar si durante su desarrollo se presentaron situaciones que pudieran comprometer el cumplimiento de las obligaciones pactadas. El caso genera interés en Córdoba debido a que Martínez Martínez también estuvo encargada de la Dirección Regional del ICBF en este departamento durante 2024 y, según información conocida, actualmente estaría vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara Luis Fernando Ballesteros, como asesora grado 3.
Ante este escenario, se espera que se adelante una revisión documental de los contratos suscritos por la Regional Córdoba durante el periodo en que Martínez estuvo encargada, con el fin de identificar las asociaciones contratistas, los montos, los objetos contractuales y la posible existencia de denuncias o actuaciones de los organismos de control. Sin embargo, el comunicado oficial no establece que los contratos de la Regional Córdoba hagan parte de la investigación anunciada, ni demuestra irregularidades en esa contratación. La responsabilidad disciplinaria de las personas vinculadas al proceso tampoco ha sido establecida.
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