Un juez de control de garantías de Montería ordenó enviar a prisión a Sebastián Correa Arroyo, funcionario judicial señalado por la Fiscalía General de la Nación de estar involucrado en un caso de concusión, luego de presuntamente exigir dinero a cambio de intervenir de manera irregular en un proceso penal.
De acuerdo con la investigación, el servidor público, quien se desempeñaba como técnico judicial, habría solicitado cuatro millones de pesos a dos ciudadanos relacionados con un proceso por violencia intrafamiliar. La Fiscalía indicó que la supuesta exigencia económica se habría realizado durante una reunión ocurrida el pasado 7 de mayo en un establecimiento comercial del centro de Montería.
Las autoridades señalaron que Correa Arroyo habría ofrecido influir ilegalmente en el trámite judicial para beneficiar a los interesados. Tras su captura realizada por el CTI el 18 de junio en Montería, fue presentado ante un juez, donde la Fiscalía le imputó el delito de concusión; aunque el procesado no aceptó los cargos, se impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
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