La comunidad de Puerto Libertador encendió las alarmas tras denunciar presuntas irregularidades en el trámite de un empréstito por $18.300 millones aprobado en 2023 durante la administración del entonces alcalde Eder Soto. Según lo expuesto, el crédito estaba destinado a obras como una terminal de transporte, una plaza de mercado y un sendero peatonal, pero los diseños presentados no contarían con los terrenos ni soportes necesarios, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad de los proyectos y posibles inconsistencias documentales.
De acuerdo con la denuncia, durante ese proceso la entonces alcaldesa encargada, María Camila Zúñiga Perea, habría firmado un otrosí al contrato sin contar con facultades, lo que permitió avanzar hacia el desembolso del crédito. La situación, según la comunidad, ya estaría generando consecuencias económicas para el municipio, que habría pagado más de $2.000 millones en intereses sin que, hasta la fecha, se hayan ejecutado plenamente dos de las tres obras contempladas.
El caso tomó un nuevo giro luego de que el actual alcalde, Ramón Rubio Durango, cuestionara públicamente este proceso. Mientras el mandatario asegura que hubo irregularidades en el desembolso y en los soportes técnicos, documentos conocidos indicarían que los ajustes realizados correspondían a modificaciones financieras habituales, como la reducción de la tasa de interés y la ampliación de plazos. En medio de la controversia, se conoció que el CTI de la Fiscalía realizó recientemente una inspección judicial en busca de pruebas, lo que confirmaría que ya hay una investigación en curso por posibles hechos de corrupción relacionados con este crédito.
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