Dos familias del corregimiento de Carrillo, en el municipio de San Pelayo, Córdoba, deberán desalojar el predio donde viven por una orden judicial relacionada con un proyecto vial que finalmente no será ejecutado. La diligencia fue programada para el próximo 25 de agosto, según el Aviso Oficial No. 02401 del Juzgado Municipal de San Pelayo, y contará con el acompañamiento de la fuerza pública en caso de que sea necesario. La decisión ha generado preocupación entre los habitantes afectados, quienes aseguran no entender por qué el proceso sigue en marcha.
En el terreno residen Eder Hernández, Ingrid Ramos y un menor de edad, así como Margarita Negrete, Dolly López y José Miguel Ramos. De acuerdo con la notificación judicial, el predio sería utilizado para la construcción de una carretera del proyecto de la Concesión Ruta al Mar. Sin embargo, ese contrato fue terminado y la obra ya no será construida. «No entendemos por qué pasa esto, si ya Ruta al Mar no construye la carretera. Nos llevamos la sorpresa de que los procesos siguen y seremos echados a la calle y sin plata», expresó Ingrid Ramos.
Las familias afirman que la finca tiene un valor cercano a los 300 millones de pesos y aseguran que, durante el proceso de compra, la concesionaria les ofreció alrededor de 100 millones, una cifra que consideraron insuficiente. Mientras avanza el proceso judicial, esperan una respuesta de las autoridades y piden que se revise el caso, ya que consideran injusto perder sus viviendas por una carretera que, según lo anunciado, nunca será construida.
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