La Asociación Campesina Agraria y Popular de Córdoba (Ascapocor) afirmó que la salida del predio El Central se realizó de manera pacífica y en cumplimiento de una orden judicial, negando versiones externas y asegurando que no ha autorizado a terceros para pronunciarse en su nombre. Sin embargo, surgen cuestionamientos frente a esta versión, ya que varios campesinos han denunciado públicamente que sí hubo tensiones durante el proceso. Si no hubo conflicto, ¿por qué existen tantas denuncias de quienes vivían en el predio?
Según el comunicado, el procedimiento obedeció a una decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de un proceso de extinción de dominio, con acompañamiento de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). No obstante, campesinos aseguran que tenían cultivos activos que se perdieron con la salida y que la compensación recibida fue de apenas $1.000.000 por familia, una cifra que, según ellos, no corresponde al valor real de lo producido. Ante esto, surgen preguntas clave: ¿quién definió ese monto y bajo qué criterios?, ¿se realizó un avalúo técnico de los cultivos antes de fijar esa compensación?
Finalmente, Ascapocor indicó que no aceptó un predio ofrecido para reubicación por condiciones ambientales y sociales, reiterando su disposición al diálogo. Aun así, persiste otra inquietud de fondo: ¿quién responde por las pérdidas económicas de los campesinos que aseguran haber sido afectados? Mientras las versiones continúan enfrentadas, las familias esperan respuestas claras sobre su situación y una solución que compense los daños denunciados.
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