Un grupo de concejales del municipio de Puerto Libertador, entre los que se encuentran los cabildantes Leonardo José Callejas, Liliana López Flores y Luis Marimón Severiche, manifiestan que, en ejercicio de su función constitucional de control político, han radicado derechos de petición ante la Alcaldía de Puerto Libertador, la Gobernación de Córdoba y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), con el propósito de evitar que continúe la eliminación de la cuneta de la carretera pavimentada mientras las autoridades verifican si esta intervención cumple con los requisitos técnicos y legales.
La preocupación surge porque la cuneta hace parte de la infraestructura de la vía de acceso a esta localidad y cumple una función esencial: recoger y conducir las aguas lluvias para proteger el pavimento y garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial. Su eliminación, sin una solución de drenaje equivalente, podría favorecer la acumulación de agua sobre la calzada, la infiltración hacia la estructura del pavimento, el deterioro prematuro de la carretera, la erosión de sus bordes y una disminución de su vida útil.
Además, esta carretera constituye el principal corredor de acceso a Puerto Libertador y comunica al municipio con Montelíbano. Por ella circulan diariamente vehículos particulares, motocicletas, transporte público y carga pesada del sector minero. Es una vía donde, lamentablemente, en los últimos años se han registrado numerosos accidentes de tránsito, varios de ellos con consecuencias fatales. Cualquier modificación que pueda afectar el drenaje de la carretera o aumentar la presencia de agua sobre la calzada merece una revisión técnica rigurosa para reducir riesgos a conductores, motociclistas y peatones.
¿Qué se solicitó a cada entidad?
Ante la Alcaldía de Puerto Libertador
Se solicitó la suspensión preventiva del frente de obra donde se está eliminando la cuneta de la carretera, mientras se revisan los estudios técnicos que respaldan esta intervención. Igualmente, se pidió la entrega de los diseños, estudios hidráulicos, geotécnicos, de drenaje y de seguridad vial, así como los conceptos emitidos por el supervisor y el interventor del contrato.
Ante la Gobernación de Córdoba
Se solicitó establecer si el municipio contaba con las autorizaciones necesarias para intervenir una vía departamental, si fueron aprobados los estudios y diseños del proyecto y si se verificó el cumplimiento de los requisitos relacionados con el derecho de vía, las servidumbres y la disponibilidad jurídica de los terrenos requeridos para la construcción del sendero peatonal. También se pidió la realización de una visita técnica al proyecto.
Ante el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS
Se puso en conocimiento la situación para solicitar un concepto técnico sobre los efectos que puede generar la eliminación de la cuneta de una carretera pavimentada, los riesgos para la estabilidad de la vía y la seguridad vial, así como orientación sobre las normas técnicas aplicables al drenaje, el derecho de vía y las servidumbres en este tipo de obras.
Los concejales sostuvieron que: “estas actuaciones no buscan detener el desarrollo del municipio, sino garantizar que las obras públicas se ejecuten conforme a la Ley, con estudios técnicos suficientes y protegiendo la vida de los ciudadanos, la infraestructura vial y los recursos públicos”.
Así mismo, informaron que seguirán informando a la comunidad sobre las respuestas de las entidades competentes y las decisiones que se adopten frente a este proyecto, con transparencia, responsabilidad y compromiso con el interés general.
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