Más de 3 mil niños y niñas de hogares vulnerables en Córdoba quedaron sin atención y sin alimentación tras la suspensión de actividades en 14 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) administrados por la Universidad de Córdoba. Los contratos de las madres comunitarias finalizaron el pasado 31 de julio y, según les informaron, solo regresarían a sus labores después del 10 de agosto, dejando a miles de menores sin acceso a estos programas esenciales.
La situación golpea directamente a familias de escasos recursos, donde muchos niños dependen de estas raciones alimentarias como su principal fuente de comida. Hijos de trabajadores informales como mototaxistas, lavanderas y vendedores ambulantes, hoy enfrentan la incertidumbre de no tener quién los cuide mientras sus padres salen a buscar el sustento diario.
Desde la Universidad de Córdoba aseguran que la demora se debe a que la invitación del ICBF para renovar los contratos llegó tarde, lo que impidió cumplir a tiempo con los trámites legales. Mientras tanto, las madres comunitarias también enfrentan un duro panorama: sin ingresos ni seguridad social durante estos días, aumentando la preocupación en medio de una crisis que deja en evidencia fallas en la articulación institucional.
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